Estafa de salud en colombia

La intervención hoy por irregularidades de la principal prestadora de servicios de salud a los colombianos es el colofón de la gran estafa al sector público de la salud que el presidente Juan Manuel Santos hizo pública a inicios de mayo.

La confiscación de bienes, haberes y negocios, así como la "intervención forzosa administrativa" de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Saludcoop, con cuatro millones de afiliados, fue ordenada por la Superintendencia de Salud de Colombia.

En el país andino se denominan EPS a las empresas privadas que prestan el servicio de salud a los ciudadanos mediante contratos con el Estado y suplen de esa manera a la Seguridad Social.

Los servicios de salud se privatizaron bajo esta fórmula en 1993 y actualmente sólo queda en manos del Estado colombiano un servicio dirigido a personas de muy bajos recursos.

A partir de la cesión de estos servicios de primera necesidad al sector privado, Saludcoop se convirtió en la principal EPS del país.

Las denuncias contra esa compañía comenzaron hace algunos meses, no sólo por parte de usuarios sino también de periodistas, que cuestionaron a sus directivos por los millonarios salarios y adquisiciones fastuosas como hoteles de lujo y campos de golf con el dinero de la salud.

Esta EPS, además, está involucrada en un supuesto escándalo por sobrecostos millonarios en medicamentos y procedimientos para sus pacientes.

El pasado 2 de mayo, el presidente Santos denunció que la "mafia" estaba robando los recursos de la salud y reveló un desfalco de proporciones gigantescas que podría asemejarse a lo que aporta el Estado a ese sector, en torno al 6 % del Producto Interior Bruto (PIB), más de 15.500 millones de dólares al año.

Santos también advirtió de que los desfalcos descubiertos hasta ese día eran sólo "la punta del iceberg".

Tras la intervención practicada hoy a Saludcoop, el presidente de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (Fedesalud), el médico Félix Martínez, celebró la decisión.

"Frente a la gravedad en las denuncias en las últimas semanas y ante lo anunciado por el mismo Gobierno, era lo esperado y es un hecho que debemos apoyar todos", señaló Marínez a Efe.

En su opinión, esta medida es "el resultado del desastre regulatorio del sistema, que ha propiciado todo tipo de incentivos perversos que acaban en corrupción, en robos y en un largo etcétera".

Para el presidente de Fedesalud, en esta crisis "le cabe mucha responsabilidad al Gobierno anterior" (Álvaro Uribe 2002-2010), al puntualizar que la intervención "es un principio de cambio, en busca de mejorar las condiciones del sistema de seguridad social en Colombia".

Por eso abogó por "modificaciones importantes en la regulación".

El economista Alejandro Gaviria dijo recientemente, cuando arreciaban las denuncias contra Saludcoop, que la situación de las EPS en Colombia le recordaba la reciente historia de algunos grandes bancos estadounidenses.

Esas entidades financieras, anotó Gaviria, "lograron evadir la supervisión y la regulación y terminaron haciendo lo que les vino en gana, con consecuencias conocidas y desastrosas".

Y es que las denuncias sobre gastos suntuarios y compras de medicinas a precios desorbitados, entre otras irregularidades, han venido ocupando espacios en la prensa colombiana en los últimos meses.

También los abusos cometidos contra clientes, ya que en muchos casos se les negó a los pacientes los servicios de urgencia cuando lo requerían.

"Hay mucho por hacer, pero hay que aplaudir que el Gobierno esté decidido a hacerlo. Es un cambio de inflexión, un cambio ahora, después de muchos años", puntualizó Martínez.

Además de esta EPS, el Gobierno colombiano ha intervenido varias instituciones estatales por irregularidades desde que Santos llegó al poder en agosto del año pasado, entre ellas, la Dirección General de Estupefacientes y Fondelibertad, dependiente del Ministerio de Defensa y creada para ayudar a las familias de los secuestrados.

Asimismo, detuvo el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), dependiente del Ministerio de Agricultura, por la concesión de subsidios a familias ricas y hacendadas y que debían haberse entregados a campesinos.