El grave problema de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce provocada por las industrias tucumanas debe tener un freno inmediato. Pocas veces a lo largo de la historia se han visto situaciones tan injustas como el hecho de que una provincia concrete su desarrollo industrial a costa de pasarle todos los desechos, producto de su progreso, a una provincia hermana. Es como si se decidiera unilateralmente que todos los escombros de la edificación de una casa fueran a parar al terreno del vecino.
Urge que se hagan efectivas todas las medidas administrativas y las acciones judiciales correspondientes para evitar el enorme daño ambiental que se viene registrando desde hace décadas con la mortandad de la fauna ictícola y el empobrecimiento de la flora no sólo en el lago de Río Hondo sino también en buena parte de los ríos y los arroyos que tributan agua contaminada a territorio santiagueño. Es preciso que todos los organismos competentes procedan para preservar el ecosistema de la zona y para dar cumplimiento a las normas ambientales. Nadie pretende que se cierren fuentes de trabajo o que se clausuren industrias que generan bienes de consumo para la población. Lo que se exige es que se produzca de manera limpia, haciendo el correcto tratamiento de los efluentes y cumpliendo con todos los protocolos ambientales.
Hubo varios compromisos asumidos por los empresarios tucumanos que todavía no fueron cumplidos. La primera denuncia penal realizada por la provincia de Santiago del Estero fue en 1999 ante la Justicia Federal. Nada cambió, todo quedó en promesas. Por eso, no se puede dar más plazos a los industriales para que realicen las obras y traten sus desechos antes de volcarlos a los efluentes.
Además, durante estos últimos doce años se lanzaron tres planes de reconversión industrial, uno encarado por la provincia de Tucumán y los otros dos por el Gobierno nacional, los cuales fracasaron, la degradación sigue presente y con el riesgo de agravarse principalmente por la mayor producción de los ingenios azucareros con destilerías. Esto, porque la producción del bioetanol generado a partir de la caña de azúcar tiene un efecto secundario negativo residual que es la vinaza, un contaminante con alta demanda de oxígeno a la que se señala como la causante de la gran mortandad de peces.
Los empresarios tenían conocimiento de que esto iba a suceder, pero no tomaron las medidas que corresponden ni tuvieron la sensibilidad y responsabilidad para llevar adelante una producción limpia. ¿En qué invirtieron los fondos que se destinaron para la construcción de plantas de tratamientos de sus residuos?
En el transcurso de estos años, quedó demostrado además que hubo cierta pasividad de parte del gobierno tucumano al momento de ejercer los controles en cuanto al cumplimiento de las normas ambientales. Ello quedó de manifiesto cuando el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de Tucumán detectó parámetros más altos que los permitidos por las leyes nacionales en los niveles de contaminación de sus empresas.
Por ello resulta inadmisible y hasta absurdo, el intento de trasladar la responsabilidad del problema a Santiago, al decir de la empresaria azucarera, Catalina Lonac, quien aseguró que el dique de Río Hondo “está mal construido” y que por ello hay contaminación. Tamaño desconocimiento no merece demasiado análisis.
Fondos millonarios
La falta de interés en solucionar el problema de parte de Tucumán quedó expuesto cuando el Gobierno nacional puso en marcha el Programa de Reconversión Industrial (PRI) con la disposición de fondos millonarios para que las empresas tomen créditos ventajosos para realizar las plantas de tratamientos de los desechos o incorporar tecnología y disminuir el impacto ambiental. En 2006, los industriales directamente no adhirieron a esta iniciativa. El relanzamiento fue el año pasado con préstamos a tasa cero y en esta oportunidad recién algunas fábricas presentaron proyectos, de los 30 ingenios, citrícolas y otras actividades. Hasta el momento, solamente cuatro tienen aprobada la financiación de las obras, pero que no resolverán el problema en el transcurso de este año.
Como se ve, son pocos los que han demostrado voluntad de cambio, y todos ellos lo hicieron menos por su conciencia ecológica que por el temor al fuerte accionar de la Justicia Federal de Tucumán y de Santiago del Estero registrado en los últimos meses.
En la vecina provincia fueron procesados en las últimas semanas empresarios y funcionarios por violar el artículo 55 de la ley de Residuos Peligrosos al considerar que se ponía en riesgo la salud de las poblaciones de la cuenca. En Santiago del Estero, con el mismo argumento jurídico de la ley 24.051, el fiscal Pedro Simón y el juez Guillermo Molinari buscan indagar a los responsables de 15 ingenios, cinco citrícolas, a la minera Alumbrera, Papelera del Tucumán y Sociedad Aguas de Tucumán.
Inclusive el conflicto llegó a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podría tomar el caso o disponer qué jurisdicción será la que llevará adelante las instrucciones de las causas que se tramitan.
Desde el lado político, Santiago del Estero fue el principal impulsor de la conformación de un órgano interjurisdiccional que pudiera fiscalizar el manejo integral del recurso hídrico haciendo hincapié en el saneamiento ambiental del río. Así fue como se constituyó el Comité de Cuenca Salí-Dulce integrado por Santiago, Tucumán, Salta, Catamarca y Córdoba, además de la Nación. Hasta ahora se han definido políticas en cuanto al manejo de este recurso natural y realizado tomas de muestras como las acciones más visibles, pero carece de facultades para sancionar a quienes contaminan.
Ante este escenario, el gobernador Gerardo Zamora adoptó una posición severa en defensa de los intereses santiagueños. “Las empresas que contaminan deben ser clausuradas y sus dueños ir presos”. Al ser requerido por EL LIBERAL definió: “Los empresarios que ganan dinero sin cumplir con la ley cometen delito y el que comete delito es un delincuente y a quien es delincuente debe caerle la Justicia, ser procesado, condenado, ir preso”.
“Ojalá que la Justicia ponga presos a los 15 o 20 empresarios que cometen delitos graves contra otras personas ya sean de Tucumán o de Santiago, que afecten el medio ambiente, que destruyen nuestra ecología, simplemente para tratar de ganar dinero sin hacer la inversión que tienen que hacer para que no sea contaminada el agua”.
Con estos fuertes conceptos, el mandatario santiagueño respondió a las excusas que presentan los empresarios para negarse a invertir para tratar sus desechos, generalmente amenazando con cerrar y dejar a sus empleados sin trabajo. “Que no vengan a decir que trabajan 50 personas (en esas empresas): aquí trabaja mucha más gente que en cualquiera de esas empresas que en dos o tres meses contaminan el lago (de Las Termas) y que no tienen sentido que sigan funcionando así”, aseguró.
Aguas termales, a salvo
Por suerte y de acuerdo con diferentes estudios realizados, la degradación ambiental no afecta a las aguas termales, el principal recurso turístico de Santiago del Estero. Sin embargo, se está vulnerando el derecho del Estado provincial de resguardar sus recursos naturales y es una falta de respeto no haber dado soluciones efectivas a los múltiples pedidos que se realizaron por vía administrativa. Es una lástima que se haya tenido que llegar a la denuncia penal para que recién comiencen a moverse los primeros resortes del andamiaje que parece proteger a los productores de desechos peligrosos.
Las autoridades tucumanas tienen ahora otra oportunidad de resolver el problema, porque nuevamente está a disposición una ayuda económica de la Nación inmejorable para construir sus plantas de tratamiento de residuos. Ojalá terminen haciéndolo, el tiempo lo dirá, pero lo que no tiene lugar para la duda es la firme decisión de Santiago del Estero a no permitir nunca más que se siga destruyendo la vida del ecosistema Río Hondo. Ha quedado demostrado que no se claudicará en el reclamo y en la toma de acciones dentro del marco de la ley para que de una vez por todas, se respete el hogar de los santiagueños, con sus recursos naturales intactos y su voluntad de seguir creciendo haciendo uso de sus derechos y en cumplimiento de todas sus obligaciones
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