Banderas Negras Cantabria 2011

Ecologistas en Acción de Cantabria ha elaborado, un año más, un informe en que se analiza la situación de la costa cántabra y se identifican casos en los que existe degradación en la costa debido a urbanismo, vertidos orgánicos e industriales, regeneraciones y obras costeras.
Banderas Negras Cantabria 2011
Teniendo en cuenta estos aspectos, Ecologistas en Acción de Cantabria ha concedido 27 banderas negras y 9 puntos negros en el litoral cántabro.

Una de las graves amenazas que sufre el litoral de Cantabria es su excesiva, continuada y acelerada urbanización. Prueba de ello es que actualmente, existen 23 sentencias de derribo de diferentes urbanizaciones que afectan a 575 viviendas de cinco municipios costeros: Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y Miengo.

Ante la inminente ejecución de estas sentencias de derribo, muchos años después de la resolución en firme de las mismas, la consejería de Obras Públicas y Urbanismo trata de impedir su ejecución. Para ello, el Gobierno de Cantabria ha cedido a los ayuntamientos condenados, la iniciativa para redactar una proposición de ley que promueva los cambios legales que se consideren oportunos para evitar los derribos. Estos cambios se han reflejado en la nueva Ley del Suelo y en el empeño en modificar algunos PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales ) como el de Santoña.

Uno de los ayuntamientos con más casos de viviendas ilegales es el de Piélagos. Existe una amplia zona ubicada entre la localidad de Liencres y las playas de Cerrias y Somocuevas en la que hay 4 sentencias de derribo con 67 viviendas, resultado de las denuncias interpuestas por la Asociación ARCA. Dos de las urbanizaciones están en estos momentos afectadas por la servidumbre de protección establecida por la Ley de Costas. Estas viviendas impiden la utilización de la servidumbre de paso, han destruido una rasa litoral con un alto valor paisajístico, y han aumentado la contaminación por vertidos de aguas fecales sin depurar en la ensenada de Portio. Además, las sentencias de derribo han generado graves daños a los compradores y está provocando importantes costes económicos a las administraciones responsables.

El alcalde de Piélagos, Jesús Angel Pacheco, firmó licencias para construir estas viviendas sobre que no tenían todavía la consideración de suelo urbano consolidado, necesaria para poder obtener licencias. Por otra parte, Miguel Angel Revilla, en el momento de conceder la licencia consejero de Urbanismo, rechazó un completo informe técnico-jurídico sobre la situación urbanística de la franja litoral de Piélagos, en el que ARCA solicitaba la suspensión del PGOU en el entorno de Liencres y que evitaría los graves costes ambientales, sociales y económicos de un planeamiento claramente ilegal.

En relación a estos hechos, en febrero de este año, el juzgado de lo Penal nº 3 de Santander ha condenado a año y medio de cárcel y 9 de inhabilitación al alcalde de Piélagos por delito continuado contra la ordenación del territorio y por prevaricación urbanística: concedió 15 licencias para construir más de 200 viviendas en el municipio, vulnerando la normativa urbanística.

En este mismo ayuntamiento, la urbanización ha producido la destrucción salvaje de una de las laderas del monte La Picota. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado nulo este Plan Parcial situado en el Alto del Cuco ya que infringe la Ley del Suelo. Este Plan contemplaba la ejecución de 395 viviendas y contaba con las licencias y permisos del ayuntamiento de Piélagos. Los Juzgados de lo Contencioso de Santander han dictado sentencias de derribo contra las viviendas construidas en esa zona. Para evitar estos derribos, el Gobierno y el Parlamento de Cantabria han aprobado una modificación “ad hoc” de la Ley del Suelo y de la Ley del Plan de Ordenación del Litoral para intentar dar cobertura legal a las urbanizaciones y entorpecer la ejecución de las sentencias.

En esta línea de cambios legales, los cambios previstos en la ley de Costas mantendrían la propiedad privada de áreas de marismas sometidas a desecación y rellenos lo que impediría la recuperación de importantes humedales en el entorno de Santoña, Santander y San Vicente de la Barquera.

También destacar los proyectos de paseos y sendas costeras en los que siguen predominando las actuaciones duras, con la construcción de muros de hormigón, frente a las paisajísticas, de conservación o restauración. Respecto al saneamiento de las aguas residuales urbanas en las poblaciones costeras, en muchos casos se da una mala o inexistente depuración con el consiguiente vertido directo de aguas contaminadas al medio marino.

De la misma manera, existen vertidos de aguas industriales sin depurar, sobre todo en la bahía de Santander y en la ría de San Martín de la Arena en Suances. Concretamente, la ría de San Martín de la Arena es una de las más contaminadas de todo el litoral cantábrico. El origen de sus altos niveles de contaminación se debe a que se trata de una zona fuertemente industrializada y que ha contado con mucha presencia de actividad minera. Aunque la mina de Reocín y la cantera de Cuchía han cerrado, la contaminación que ha provocado su actividad permanece en los lodos. Además, en la desembocadura de la ría ha funcionado un campo de tiro durante muchos años que ha llenado de plomo el fondo de la misma.

Al analizar la situación de contaminación en la ría de Suances hay que considerar el incumplimiento sistemático de la normativa ambiental. Actualmente se sigue incumpliendo la Directiva 76/160/CEE (Aguas de baño), la Directiva 79/923/CEE (moluscos), y la Directiva 91/271/CEE (saneamiento).

Los principales focos de contaminación, en cuanto a volumen de vertido, se debe a la actividad industrial, de la que las empresas con mayor volumen de vertidos son el grupo SNIACE, Solvay y AZSA. Entre las sustancias más contaminantes estas empresas vierten están:

• SNIACE: sulfatos, cloroformos, Zinc, ligninas y taninos.

• SOLVAY: amoniaco, fosforo, mercurio, Zinc, plomo,hierro, compuestos de nitrógeno, aceites y grasas, sólidos en suspensión.

• AZSA: ácido sulfúrico. Además de haber dejado suelos contaminados con metales pesados como zinc, cadmio, plomo y cromo que pasan al agua de la ría a través de lixiviados.

Como consecuencia, de estos vertidos industriales, la calidad de las aguas en la ría es pésima, con anoxia y valores de DBO y DQO muy altos, y con una importante acumulación de metales pesados en los sedimentos. En los últimos estudios realizados se han obtenido valores para el cobre 6 veces superiores a los permitidos y para el mercurio 30 veces superiores a los permitidos.

Queremos recordar este alto contenido en metales pesados de la ría impidió la construcción un nuevo macropuerto deportivo en Suances debido a que los dragados necesarios para su construcción y mantenimiento levantarían unos lodos tan contaminados que sería inviable ambientalmente y por ello ha sido desestimada su construcción.