La delegación provincial de Medio Ambiente está investigando la colocación de cuatro cebos envenenados en la vía pecuaria 'Cañada de Las Isletas' que atraviesa un coto de caza en el término de Jerez. Fue el mismo titular del terreno quien avisó de que había encontrado varios perros muertos al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
Los cuatro cebos envenenados fueron esparcidos a finales del pasado mes de octubre y se encontraban dentro de embutidos cárnicos que ingirieron los animales fallecidos, tal como confirmó el Centro de Análisis y Diagnóstico (CAD) de la Consejería de Medio Ambiente. Los cebos se siguen empleando en el medio rural para luchar contra especies como zorros, jabalíes y otros animales depredadores.
Pero (indica la misma delegación) este caso no es el único registrado en Jerez durante este año: los agentes de Medio Ambiente hallaron otros siete cebos envenenados en la cañada real que atraviesa el terreno cinegético de Lomopardo, lo que provocó el cierre cautelar de una superficie de unos 500 metros cuadrados en torno al lugar donde se encontró el veneno y la suspensión de la caza durante dos meses por el riesgo sanitario.
Los agentes de la Consejería peinan rutinariamente los cotos con perros adiestrados específicamente para olisquear las sustancias tóxicas que componen los venenos. Una vez intervenidos los cebos, los agentes remiten muestras al CAD donde los científicos analizan la existencia de veneno y el tipo de sustancia usado.
La delegación recordó el grave riesgo que supone el empleo de estos cebos pues es frecuente que el veneno afecte a especies domésticas (los perros de los propios cazadores) y además entrañan un serio peligro para la salud de las personas que viven o visitan el monte, ya que para ocultar los cebos se utiliza muchas veces alimentos como trozos de salchichón, magdalenas y similares. El uso de estos tóxicos está tipificado como delito en el Código Penal, que establece al respecto penas de prisión de seis meses a dos años y multas administrativas que oscilan entre los 60.000 y los 300.000 euros.
La práctica suele acarrear especialmente la muerte de especies silvestres con frecuencia amenazadas y protegidas por la ley: en la provinci se vivió hace un par de años el envenenamiento de tres ejemplares de águila imperial ibérica, la rapaz más amenazada del continente europeo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario