Hoy solicitarán una acción de amparo constitucional a la salud y a la vida / En principio, solicitan la extracción segura de sus prótesis, la colocación de otras nuevas y de calidad certificada, así como la cobertura de los gastos médicos. Luego, en una segunda actuación legal, reclamarán dinero por daños y perjuicios
Venezolanas víctimas de prótesis mamarias fabricadas en Francia por la compañía Poly Implant Prothese (PIP) solicitarán ante los tribunales competentes una acción de amparo constitucional a la salud y a la vida.
Esta iniciativa legal es impulsada por un grupo de más de 100 mujeres que se organizaron mediante la red social Facebook, bajo el nombre de Afectadas por prótesis mamarias PIP Venezuela. Hasta ayer a las 4:30 pm contaba con 1.759 integrantes.
Exigen nuevos implantes
La acción legal estará acompañada de tres exigencias: la extracción segura de los implantes PIP, la colocación de otros nuevos, que sean de calidad y estén certificados como biológicamente seguros, y el pago de los gastos médicos y todo lo que corresponda a cirugía y hospitalización, según informó el abogado Gilberto Andrea González, líder del equipo legal que asesora a las demandantes.
Demanda histórica
La promotora de esta comunidad en internet, Thailys Freites de Valcárcel, quien se presenta en Facebook como una de las perjudicadas, contó que solicitó la asesoría del consultorio jurídico Andrea & De León, que puso 15 abogados a disposición del grupo.
Este bufete, según confirmó Andrea González, invitó a todas las personas que se consideren afectadas por la misma causa a participar en la que calificó como “una histórica demanda” que busca proteger los derechos de la mujer venezolana.
“Todas las interesadas en sumarse a la demanda deben acudir este viernes (hoy) a la plaza Caracas, a las 10:00 am”. El punto de encuentro será frente al McDonald’s ubicado en este espacio público.
Las asistentes deberán firmar un documento en el que expresen su deseo de adherirse al procedimiento legal. “Es indispensable que consignen copia de su cédula de identidad y de su certificado PIP que muestre el serial de cada prótesis”, señaló.
Un drama humano
El abogado Gilberto explicó que el amparo constitucional que solicitarán hoy es un recurso extraordinario. “Cuando acudes a un amparo constitucional estás acudiendo a un recurso que no se utiliza todos los días, que tiene como fin, única y exclusivamente, resolver asuntos mayores, como por ejemplo la protección de los derechos fundamentales”.
En este sentido, aclaró que “la primera opción” de la demanda “es que se resuelva el drama humano. La indemnización económica por daños y perjuicios será un segundo procedimiento”.
Con respecto a los posibles montos que vayan a solicitar las víctimas, Andrea González indicó que eso lo determinaría el juez que decida sobre el caso.
No es contra el Estado
“Nuestra demanda no es contra el Estado, porque hasta el momento este ha actuado correctamente. Ha ofrecido la asistencia sanitaria aunque no es culpable del comercio irresponsable que se hizo con las prótesis PIP”, respondió Andrea González.
Aclaró que la actuación es contra las comercializadoras, “que hicieron un comercio injusto y macabro con las prótesis PIP” y “se lucraron, ganándose todo el dinero del mundo”.
Enfatizó que “son ellas las que ahora están obligadas a poner ese dinero (el que ganaron) a disposición de las pacientes para que puedan adquirir otros implantes nuevos, de calidad”.
Dijo también que las comercializadoras de los implantes mamarios PIP están obligadas a asistir a las personas afectadas.“¿Cómo es posible que ellos estén esperando a que los demanden? Eso no es comercio responsable. Ya todo el mundo sabe que esas prótesis son tóxica y nocivas. ¿Por qué ellos no han hecho una notificación en la que llamen a las afectadas para asistirlas?”, cuestionó.
Andrea González se reservó el número de comercializadoras que serán demandadas, así como sus nombres, para salvaguardar la acción legal. Sin embargo, acotó: “Tenemos bien determinada la cadena de distribución. Son varias las empresas involucradas”.
Sobre la responsabilidad de las cirujanas y los cirujanos en la colocación de los implantes PIP, el abogado defensor aclaró:
“En este caso no tenemos interés de afectar a los médicos porque están entre la espada y la pared, en virtud de que un Gobierno de un país potencia en la fabricación de medicamentos a escala mundial otorgó un certificado de que eso implantes eran seguros porque se presumía que cumplían con todos los estándares internacionales”.
En consecuencia -añadió- “yo no puedo buscar responsabilidades en el Estado venezolano ni en los médicos sino en la cadena de comercialización”.
Andrea González resaltó que el productor de los PIP ya está enfrentando un procedimiento judicial y se le va a exigir responsabilidad penal, pero el dinero que ese producto generó no puede quedarse en las arcas de los comerciantes.
“Ese dinero no es santo, es macabro, porque generó esta crisis y por ello hay que ponerlo a disposición de las víctimas para que puedan atenderse. Al Estado venezolano le corresponde la asistencia, pero no tiene que comprar las prótesis nuevas, porque eso fue una decisión particular de cada quien ya que es un derecho adquirirlas”, concluyó.
Demandantes no pagarán honorarios a abogados
Andrea González aseguró que el consultorio jurídico Andrea & De León no cobrará honorarios profesionales a las demandantes, y las invitó a sumarse a la denuncia sin preocuparse por ningún gasto.
“Ni hemos tenido la intención de cobrarles, ni la tenemos, porque estamos haciendo uso de nuestro conocimiento para favorecer a la gente”, subrayó.
Continuó: “Eso no quiere decir que trabajamos gratis, porque también es necesaria la contrapartida, que son los honorarios, pero aspiramos a que estas empresas sean condenadas a pagar costos y que eso genere las responsabilidades para dar los honorarios profesionales a los abogados”.
Explicó que, tradicionalmente, cuando su escritorio jurídico representa a las victimas, demanda al responsable y se le cargan a este los honorarios profesionales, una vez que hayan decidido el juicio.
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