Según el informe "El derecho a la salud de los jóvenes y las identidades de género: hallazgos, tendencias y medidas estratégicas para la acción en salud pública", los estados violan el derecho a la salud de estos grupos vulnerables al excluirlos de sus legislaciones, políticas y planes de salud pública.
"Existen todavía niveles considerables de estigma, discriminación y violencia contra determinados grupos en situación de vulnerabilidad (las mujeres, los niños, los adolescentes y los grupos LGTBI)", escribió la directora de la OPS Mirta Roses en el prefacio del documento.
El informe recopila experiencias recogidas en 11 talleres de capacitación en Barbados, Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Trinidad y Tobago.
A los talleres, realizados entre 2008 y 2011, asistieron un promedio de 35 participantes de organismos gubernamentales, la sociedad civil, jueces, legisladores y defensores de los derechos humanos.
El documento sostiene además que la violencia sexual contra los grupos vulnerables no solamente es una constante en esos países, sino que cuentan con un escaso acceso a los servicios de atención de salud.
En la mayoría de los países estudiados se determinó una escasez de servicios de orientación familiar, no hay servicios seguros de salud sexual y reproductiva para adolescentes y que los niños, adolescentes y embarazadas no tienen acceso universal a la prevención, tratamiento y atención relacionados con el VIH.
"Hay una necesidad urgente de fomentar la toma de conciencia en materia de los derechos humanos que atañen a los grupos en situación de vulnerabilidad", señala el documento, que recomienda proveer capacitación a magistrados, personal de salud pública, congresistas, policías y sindicalistas.
El reporte califica como "inadecuados" los mecanismos con que cuentan los grupos vulnerables para detectar, investigar, enjuiciar, sancionar y vigilar las violaciones sus los derechos humanos. Agrega que algunas legislaciones no protegen contra la discriminación por género, mientras que otros lo consideran solo como un delito menor susceptible de una multa.
