La minería en el Perú produjo en 2010 unos ingresos de 15.000 millones de dólares, un 7% del PIB. El país está hoy entre los cinco primeros productores mundiales de oro, plata y cobre y es hoy el quinto productor mundial de oro, con una producción de 187 toneladas en 2010, ocho veces más que en 1992. El oro y otros metales preciosos, que representan la mitad de las exportaciones, han marcado la historia y la política de un país exportador de materias primas y que ha vivido secularmente bajo la influencia de las transnacionales mineras y sus socios locales.
Pero muchas veces el oro y otros minerales no han traído progreso: los mapas de la pobreza se superponen a los de la minería. El triunfo de Humala en las elecciones de este año se debió precisamente al apoyo que obtuvo en ese país rural y marginado. La prueba de fuego para Humala ha llegado pronto: las masivas protestas populares en Cajamarca contra el proyecto aurífero de Conga, una explotación que podría producir entre 580.000 y 680.000 onzas de oro anuales.
La minera norteamericana Newmont y su socio local, Roque Benavides, gerente de la minera peruana Buenaventura y vicepresidente del World Gold Council, planean invertir 4.800 millones de dólares en Conga para comenzar a explotar la mina en 2014. Yanacocha, la segunda mina de oro más grande del mundo, a pocos kilómetros de Conga y propiedad de un consorcio participado por Newmont y Buenaventura, produjo 1,5 millones de onzas el año pasado. En los últimos 13 años, de Yanacocha han extraído ya 19 millones de onzas de oro por valor de 7.000 millones de dólares.
Conga podría producir además entre 155 y 235 millones de libras de cobre anuales en la mayor inversión minera en la historia del país. De salir adelante, la mina pagaría 3.00 millones de dólares en impuestos en los próximos 19 años, la mitad de los cuales se quedarían teóricamente en Cajamarca.
Pero la poblaciones locales no dan su brazo a torcer, sobre todo por los vertidos que causaría la mina en el río Marañón, uno de los dos principales afluentes del Amazonas. El pasado 13 de noviembre, el gobierno regional suspendió el proyecto hasta que no se estudie el impacto medioambiental del proyecto.
El presidente regional, Gregorio Santos, ha advertido que la situación puede tornarse “explosiva” porque el proyecto podría destruir “todo el ecosistema local”, incluidos cuatro lagos conectados a un acuífero subterráneo que es la principal fuente de agua dulce de la región. Según el estudio de impacto ambiental aprobado por el gobierno anterior, Conga supondría la eliminación de varias lagunas, la contaminación de varias cuencas fluviales por el uso de mercurio y cianuro. Santos ha acusado a Humala de haberse convertido en un “rehén del capitalismo transnacional”.
Los antecedentes de Newmont, que obtuvo la concesión de Yanacocha por la mediación de Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” del régimen de Alberto Fujimori, juegan en su contra. En casi todos los ríos del entorno de Yanacocha ha desaparecido la pesca porque sus cauces se han llenado de los sedimentos producidos por la mina. La minería aurífera produce más residuos por volumen de mineral extraído que cualquier otro metal. Extraer una onza de oro –la cantidad que tiene un anillo de boda típico- requiere remover una media 30 toneladas de rocas.
En junio de 2000 un camión de Newmont derramó 100 kilos de mercurio sobre 45 kilómetros de carretera a unos 70 kilómetros de Yanacocha. La compañía restó importancia al accidente, del que no se informó a las autoridades durante varios días. Al final, el gobierno impuso a Newmont una multa de 500.000 dólares a pesar de que el derrame causó serios daños a la salud de unas 1.000 personas.
La gran mayoría de los peruanos está a favor de continuar con la actividad minera pero, al mismo tiempo, simpatiza con los sectores que protestan contra los daños medioambientales que causan las industrias extractivas de hidrocarburos y minería. En años recientes, las explotaciones de Cerro Quilish y Conga (Cajamarca), Tambogrande (Piura), Majaz y Tía María (Arequipa) han sido objeto de amplias movilizaciones sociales de protesta. El mayor rechazo se produjo en Bagua en 2008, cuando la protesta de pueblos amazónicos contra un proyecto petrolero provocó la muerte de 33 personas, 26 de ellas policías. Las protestas en Puno contra otros proyectos mineros a principios de este año provocó cinco muertos y el retiro de un proyecto de una minera canadiense.
Sin una mayor equidad en el reparto de los beneficios y un mayor vigilancia del Estado de las regulaciones medioambientales, esos conflictos amenazan con hacerse endémicos. La preocupación de las comunidades campesinas e indígenas no es tanto el dinero del “canon minero” (un 30% del cual va a los gobiernos regionales), sino los problemas medioambientales y el uso intensivo de la minería de recursos escasos como el agua.
Habitantes de Cajamarca (Perú) bloquean el acceso a la mina Yanacocha, el 25 de noviembre de 2011.
Pero en La República, Luis Pásara advierte que en un país donde la democracia ha sido “eventual, precaria y limitada”, los actores políticos y económicos enfrentados carecen de “experiencia, capacidad y voluntad para negociar, ceder y acordar” .
Con la renuncia de Carlos Tapia, hasta ahora uno de sus más cercanos asesores de Humala y muy crítico con el proyecto de Conga, ya han comenzado a aparecer las primeras fisuras en esa especie de frente político amplio que es el gabinete con el que gobierna.
Por de pronto, el gobierno ha postergado un proyecto de 800 millones de dólares en la mina de Toquepala que debía efectuar la Southern Copper Corporation, de propiedad mexicana, hasta que la compañía presente un nuevo informe sobre el impacto medioambiental de sus planes y ha cancelado la construcción en los próximos 15 años de 20 centrales hidroeléctricas en la región amazónica con una inversión estimada de 15.000 millones de dólares que había anunciado el gobierno de García y que habría permitido al país exportar energía por valor de 6.000 millones de dólares anuales a otros países y atender la demanda de la gran industria minera.
La bárbara reliquia
Pero pocos analistas creen que el apetito por el oro y otros metales valiosos vaya a mitigarse. Entre 2001 y 2011 el precio del oro se cuadruplicó, con un 17% de aumento medio anual.
La racionalidad económica de su explotación es lógica: a menor confianza en los sistemas financieros, mayor confianza en la “bárbara reliquia”, como llamó John Maynard Keynes al metal dorado.
La mayor parte del oro aún por explotar actualmente en el mundo se encuentra en vetas microscópicas en ecosistemas muy frágiles y en países pobres y remotos. El 70% del oro que se produce actualmente proviene de países en desarrollo, desde Guatemala a Ghana. El verdadero precio del oro es, por ello, la devastación de zonas vírgenes en algunas de las regiones más pobres del mundo, lo que crea graves tensiones entre las multinacionales y las poblaciones locales, que pagan la factura medioambiental de una industria que utiliza intensivamente mercurio y cianuro y agua dulce en sus explotaciones.
El oro en polvo se extrae habitualmente volando montañas y regando con mangueras de aspersión sus rocas con agua tratada con una fuerte concentración de mercurio o cianuro, lo que permite disolver el oro para que pueda ser luego separado y fundido. Ese proceso genera ingentes volúmenes de contaminantes en forma líquida y de gas. Los sulfatos de las rocas, al ser expuestas al aire libre, reaccionan con el oxígeno generando ácido sulfúrico, liberando además, especialmente en climas húmedos, otros metales pesados como cadmio y plomo, muy nocivos para la vida humana y animal incluso en pequeñas concentraciones.
