La Articulación Nacional Campesina protestó ayer frente al Ministerio de Agricultura en contra de la introducción al país de semillas genéticamente modificadas (OGM) que, según dijeron, se producirán a partir de un acuerdo firmado por la empresa transnacional Monsanto, Ruiter Seeds y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).
Sobre esto, y al entregarle un documento donde se explican las demandas de la institución, el viceministro de Producción de Agricultura, Antonio Manuel Camino, se comprometió a encaminar sus peticiones hasta el titular de la institución, y al mismo tiempo les manifestó que la entidad se mantendrá vigilante para evitar la entrada al país de semillas transgénicas.
En la reunión, el viceministro de Sanidad Vegetal de Agricultura, Luis Garrido, informó a los manifestantes que se les había pedido a la empresa Monsanto una certificación en la que indiquen que no han traído a territorio dominicano semillas transgénicas.
Según sus explicaciones, la empresa está consciente en que no puede traer al país este tipo de producto. Según Celeste Solano, miembro de la comisión que se reunió con las autoridades, esta sola disposición no es suficiente porque la empresa podría mentirle al Ministerio.
Como una manera de seguridad, la Articulación Campesina pidió a las autoridades estatales realizar análisis y estudiar las semillas de la empresa como una forma seguridad, y así determinar si estas son o no transgénicas.
“De poner en práctica este convenio se estaría dando un golpe mortal a la cultura y la práctica de la agricultura campesina, ya que las semillas que se pretenden introducir eliminaría nuestras semillas y propiciaría la profundización de la rotura del equilibrio ecológico”, estableció la Articulación Campesina en un comunicado de prensa.
El pasado 20 de diciembre se firmó en la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) un convenio entre los representantes de Ruiter Seeds y Monsanto, el cual se explicaba que serviría de apoyo para la comercialización y soporte técnico de la producción de productos sanos e inocuos para la exportación y consumo local. Los representantes de las organizaciones esperan ser escuchados por las autoridades.
