Un hombre de 66 años falleció por complicaciones causadas por la ingesta de un jarabe contaminado y se convirtió en la nueva víctima del sonado caso de envenenamiento masivo que estremece el sistema de salud pública de este país desde octubre de 2006.
El deceso de Delfín Mojica se registró el fin de semana en un hospital de la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, confirmó el martes a la AP el presidente del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, Gabriel Pascual.
El procurador encargado José Dimas Guevara, quien investigó el caso del envenenamiento masivo con jarabes contaminados con el químico tóxico dietilenglicol, dijo a la AP que fue informado sobre la muerte de Mojica.
Con ese nuevo fallecimiento se incrementan a 171 los muertos reconocidos por las autoridades desde que la crisis de salud estalló hace cinco años.
Pascual consideró que los fallecimientos ocurren "por la falta de una política de seguimiento médico riguroso por parte de la Caja de Seguro Social hacia los pacientes" que consumieron los jarabes contaminados.
La confirmación del deceso ocurrió previo a la celebración de una vigilia en la Plaza Catedral cerca de la Presidencia en el Casco Antiguo y en la que participó un grupo de familiares de víctimas y también sobrevivientes del envenenamiento masivo.
Los manifestantes, en su mayoría personas mayores, encendieron velas, desplegaron pancartas y colocaron un ataúd en plena calle.
"¿Cuántos muertos más quieren para que haya justicia?", decía un letrero adherido al ataúd.
"No nos queda más remedio que estar en la calle", dijo Pascual.
Demandó que se cumpla una ley que fue aprobada en el 2010 y que entre otros puntos plantea la creación de una comisión de alto nivel con representantes de diversos sectores públicos y los afectados dirigida a brindar una atención integral a las víctimas.
El Comité realiza con frecuencia manifestaciones con el fin de demandar atención médica expedita, justicia y un resarcimiento económico.
"Pedimos justicia", dijo Emma Núñez, de 60 años, quien participó en la vigilia junto a su esposo. Núñez asegura que ella y su esposo tomaron de las medicinas envenenadas, y afirma que a raíz del consumo de los jarabes su salud se deterioró.
Mencionó que sufre de mareos, fuertes dolores en el brazo izquierdo y problemas en la columna.
"Mi vida cambió. Antes era vendedora ambulante y ahora no tengo ese negocio porque no puedo andar en bus", señaló Núñez, cuyo caso no es reconocido por la autoridades.
Pascual, quien asegura que perdió a su abuela y padre al ingerir los fármacos con el químico industrial, estima que se han registrado más de 8.200 muertos por el caso desde 2006 en todo el país.
Guevara explicó que en principio se recibieron alrededor de 800 denuncias de personas afectadas entre víctimas y sobrevivientes, pero el número se fuer incrementando hasta llegar a unas 2.195, algunas de las cuales están en trámite.
La historia se remonta cuando la Caja de Seguro Social (CSS) licitó a la empresa panameña Medicom S.A. la compra de glicerina para elaborar un jarabe. Según las investigaciones, la empresa panameña adquirió el principio activo a la española Rasfer Internacional S.A, que su vez la obtuvo de una compañía de China.
La sustancia que llegó a Panamá no era glicerina para consumo humano sino un tipo industrial que contenía dietilenglicol. Con ese material, se elaboraron y distribuyeron jarabes para la tos y un antialérgico, así como dos lociones para la piel, que provocaron un envenenamiento de la población.
El medicamento provocó a los afectados un síndrome que les hizo colapsar los riñones.
En España, un juez archivó en abril el caso en el que está implicado Rasfer, una mayorista farmacéutica de Barcelona. Según el auto de sobreseimiento, la empresa española era una "mera intermediaria comercial" y "no estaba obligada a realizar análisis alguno del producto".
Familiares de las víctimas del jarabe contaminado presentaron un recurso para que la justicia española siga investigando el caso, informó. La justicia española deberá resolver en los próximos días la apelación planteada por los abogados españoles de las víctimas panameñas.
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