La ministra francesa de Ecología, Nicole Bricq, reiteró la oposición del nuevo Gobierno francés a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y afirmó que bloqueará el proyecto de directiva europea que debe permitir la autorización de los OGM país por país para salvar las resistencias.
Bricq, en una entrevista publicada hoy por "Le Monde", señaló que hace unos días consiguió que el Reino Unido se sumara a su rechazo a ese proyecto de la presidencia danesa de la Unión Europea, como también está en contra Alemania.
Se trata -precisó la ministra socialista- de evitar que las empresas que comercializan OGM "pidan autorizaciones de salida al mercado país por país".
La Comisión Europea indicó a finales de mayo que estudia posibles acciones contra la decisión de Francia de prohibir temporalmente el cultivo de maíz transgénico, después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) dictaminara que no hay evidencias científicas que justifiquen esa medida.
En marzo pasado, el anterior Ejecutivo francés -entonces conservador- prohibió con carácter temporal el cultivo del maíz transgénico MON810 de Monsanto hasta conocer los estudios encargados por la Comisión Europea, con el argumento de "proteger el medio ambiente" y evitar así que se sembrara en esta campaña, al igual que en años anteriores.
En noviembre, sin embargo, se había levantado la moratoria de Francia sobre los cultivos transgénicos de maíz emitida en 2008, por decisión del Consejo de Estado que invalidó la prohibición previa del Gobierno.
Por otro lado, Bricq señaló que el nuevo Ejecutivo pretende cambiar las reglas de explotación minera "integrando las cuestiones medioambientales" pero también las "democráticas y económicas" en lugar de hacer una ley específica sobre el procedimiento conocido como la "fracturación hidráulica" para la extracción de gas de esquistos.
La titular de Ecología precisó que para abordar la polémica sobre la explotación de ese gas su primera medida será hacer público en la página web del ministerio la totalidad de los permisos atribuidos, en fase de instrucción o solicitados.
"La población y los cargos públicos ya no aceptan que se tomen decisiones que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente", justificó.
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