Los pepinos españoles, entre ellos los cultivados y comercializados en la comarca malagueña de la Axarquía, han quedado libres de sospecha de ser el origen del brote infeccioso extendido en Alemania y la Unión Europea estudia ahora cómo compensar a los productores hortofrutícolas por las pérdidas sufridas. En el caso de Málaga, la asociación agraria UPA cifró esas pérdidas en 1,7 millones de euros, mientras que Asaja celebra el «fin a la pesadilla» pero pide «depurar responsabilidades» ante las «sospechas infundadas» lanzadas contra el campo andaluz.
Durante estos días, agricultores, fundamentalmente almerienses, se han visto obligados a arrancar su producción de pepinos para tirarlos ante la paralización de la comercialización hortofrutícola. Según Hortyfruta, la crisis de los pepinos puede suponer para el sector unas pérdidas de 230 millones de kilos por valor de 150 millones de euros. La Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) habla de 200 millones de euros semanales.
Lo cierto es que España presentará ahora ante la Comisión Europea peticiones de indemnización después de que algunos países centroeuropeos, así como Rusia y Reino Unido, suspendieran totalmente sus pedidos de hortalizas a España tras estallar la llamada «crisis del pepino».
El Ministerio de Agricultura español anunció ayer que reclamará aún antes de que se hiciera público la investigación llevada a cabo en Alemania. Fue la responsable de Sanidad de la ciudad-estado de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storks, la misma que la pasada semana señalara a los pepinos españoles, la que reconoció que las investigaciones los exculpan de ser la fuente del brote de la variante de la bacteria «E. coli».
Entre hoy y mañana deben conocerse también los análisis que España realiza en Lugo.
Un cierre injustificado
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, indicó al término de la reunión informal de ministros de Agricultura y Pesca de la UE que Bruselas dispone de varios mecanismos para responder ante la crisis en el sector hortofrutícola. La CE analizará la posibilidad de aplicar un mecanismo que permite retirar del mercado una parte de la producción, cuyo coste se puede cubrir en buena parte con el presupuesto de las organizaciones de productores de cada país. Un portavoz del Ejecutivo comunitario, Oliver Drewes, explicó además que un país no puede cerrar sus puertas a mercancías de otro socio comunitario si no es «porque se justifica la cláusula de excepción del peligro para la salud pública».
«Se ha mirado hacia España sin pruebas», apuntó la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino española, Rosa Aguilar, que se mostró «insatisfecha» con la gestión de Alemania.
«El sistema ha fallado y no se puede volver a consentir que ningún país vuelque sobre otro sospechas infundadas en temas tan serios y que generan una alarma social tan importante», criticaron el presidente de Asaja Málaga, Carlos Blázquez y Benjamín Faulí, técnico desplazado a Bruselas.
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