lunes, 4 de junio de 2012

120.000 personas con parálisis cerebral podrían quedarse sin cobertura sanitaria


Este real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud (RD. 16/2012) eleva del 33% al 65% el grado
de discapacidad necesario para poder acceder a la Seguridad Social.
Como explica ASPACE, "elevar el grado de discapacidad requerido para contar
 con la necesaria cobertura sanitaria no hace sino añadir más barreras a las
 personas con parálisis cerebral, que ahora deberán abonar un seguro privado
 o vieron obligados a incluir como beneficiarios de terceras personas,
 disminuyendo así su independencia y autonomía ".
 De acuerdo con lo que recoge el decreto, las personas con parálisis cerebral usuarias del 
transporte sanitario no urgente deberán abonar un porcentaje de este servicio, imprescindible
 en muchas ocasiones para sus traslados.
Es más, la prestación ortoprotésica, al igual que ocurrirá con el transporte no urgente, también quedará fuera de la cartera básica de servicios, de manera que las personas con discapacidad tampoco tendrán garantizado este servicio de forma gratuita y bajo el que recae, por ejemplo, la adquisición de sillas de ruedas.
Por ello, la organización solicita que "tanto los transportes no urgentes como los servicios ortoprotésicos sean cubiertos por la cartera básica de servicios, para que la economía de las familias de personas con parálisis cerebral, que ya se ve normalmente afectada por gastos relativos a la discapacidad, no se vea aún más perjudicada por el copago en estas prestaciones esenciales para su bienestar diario ".
Por los mismos motivos el colectivo de personas con parálisis cerebral también considera necesario que las personas con enfermedades crónicas queden exentas del pago del porcentaje de los fármacos, el conocido copago farmacéutico, establecido por decreto del Gobierno. La Confederación ASPACE insta al Gobierno a reunirse con los diferentes organismos de representación de la discapacidad para "escuchar sus propuestas y consensuar unas medidas que garanticen el Sistema Nacional de Salud sin que se vean perjudicados los casi cuatro millones de personas con discapacidad de nuestro país, de las cuales 120.000 tienen parálisis cerebral ".

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