De cara a un inminente debate de ministros de Medio Ambiente de la UE, y recordando lo que sucedió con la aprobación de un evento transgénico de maíz, el autor plantea que allí las decisiones en seguridad alimentaria están marcadas más por el poder político que por el peso científico de estudios de ingenieros agrónomos, veterinarios y especialistas ambientales.
El próximo 11 de junio habrá una interesante reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE). En teoría, el foro deberá mostrar si los gobiernos tienen la voluntad política de aceptar las conclusiones aprobadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en su sigla inglesa, una agencia que brinda servicios parecidos a los del SENASA) o si el foro optará por ignorar o menoscabar, otra vez, las opiniones científicas de la Comisión. Será una nueva contienda entre la verdad científica y la verdad política.
Lo cierto es que la EFSA acaba de rechazar, por improcedente, una solicitud presentada por el gobierno francés del ex presidente Nicolás Sarkozy, cuyo objetivo real era fundamentar una veda temporaria del cultivo del MON 810, el maíz genéticamente modificado que el Viejo Continente aprobara tiempo atrás a Monsanto.
La EFSA informó que no había encontrado evidencia científica de carácter específico para rechazar ese cultivo, alegando que su existencia no supondría riesgos para la salud humana o animal, ni riesgos discernibles para el medio ambiente. Aunque por el momento se desconoce cuáles habrán de ser los planes del gobierno del presidente francés François Hollande acerca del tema, o si Francia ya logró organizar una de sus habituales mayorías automáticas para neutralizar la doble derrota que sufriera en el plano científico y legal, nadie espera dramáticos cambios en la posición heredada de Sarkozy.
En medios agropecuarios también surgieron dudas acerca de los siguientes pasos de este proceso, cuando se supo que la Comisión dejó la moneda en el aire e insinuó que, desde el punto de vista “técnico”, no habría razón alguna para impedir el cultivo del MON 810 en la UE.
El Comisario de Salud de la UE, John Dalli, dijo que estudiará cómo sigue el caso de ahora en adelante, dando a entender que la opinión científica de EFSA es sólo un insumo del debate que protagonizarán los Ministros.
Lo más sugestivo del caso es que, antes del pronunciamiento de la Autoridad Sanitaria del viejo continente, la propia corte administrativa francesa ya había rechazado una presentación similar efectuada por el gobierno de Sarkozy, alegando los mismos fundamentos que acaba de brindar la EFSA en Bruselas. La propia Monsanto parece estar en actitud de derrota, y con la guardia baja, ya que a principios de año había dicho que mercados como el francés no están preparados para consumir sus productos.
Por otro lado, los acontecimientos llegaron a esa nueva encrucijada cuando Ron Kirk, el actual titular del USTR, dice que el tratamiento que hay en el viejo continente a los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) supone un auténtico obstáculo a las negociaciones bilaterales que el gobierno de su país sostiene actualmente con la UE para la eventual suscripción de un acuerdo de nueva generación en materia de comercio e inversiones. Tarde piaste.
¿Cuál puede ser la confiabilidad de ese enfoque, cuando la administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, cambió 26 años de presiones para exportar carnes estadounidenses con hormonas por una cuota de 45.000 toneladas de carnes sin hormonas? De esta manera, ¿hasta qué punto se pueden tomar en serio los enfoques principistas de Washington, cuando la Casa Blanca aceptó sentar esa clase de precedentes al recibir la primera insinuación? Tampoco es una novedad el hecho de que la autoridad política europea desconozca los enfoques sostenidos por sus agencias científicas.
Desde la época en que se negociaron las actuales reglas de la OMC (el Acuerdo SPS), un proceso que culminó en 1994, las delegaciones de la UE nunca cesaron de plantear que determinar el nivel apropiado de protección sanitario y fitosanitario no era un resorte de los organismos técnico-científicos, sino una indiscutible facultad del poder político de cada país o región.
Por años, el debate sobre el auténtico alcance que debía asignarse al Artículo 5:5 del Acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC, fue un rondó de argumentaciones y contra-argumentaciones reiterativas, donde Europa y “sus amigos” insistieron en interpretar lo que se les dio la gana.
A esta situación, se agrega el pleno desconocimiento de los sólidos argumentos de la alianza que en algún momento uniera con gran eficacia al Grupo CAIRNS con los EE.UU.. De modo que si el análisis de los ministros de Medio Ambiente se alinea por enésima vez con los enfoques conocidos hasta ahora, las deliberaciones del 11 de junio podrían terminar todo el debate con un “ni”, se tome nota de las conclusiones de EFSA y se apruebe la noción de lidiar con el tema “más adelante”.
Una decisión de esta índole sería “políticamente correcta” con los productores de la región, pero también un indicio confirmatorio de que Europa no tiene interés alguno en jerarquizar la influencia de la opinión científica en las decisiones de ese “poder político”.
Con ello, se volvería a ratificar que la UE también prefiere que la determinación final de inocuidad o de existencia de riesgos sanitarios y ambientales continúe como facultad ajena al criterio de los ingenieros agrónomos, los veterinarios o de los especialistas ambientales. Con tales ideas, cualquier día de éstos erradicar el cáncer será un mero problema de popularidad.
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