El 26 de abril de 1986 era un precioso día de primavera. Como teníamos por delante varios días festivos, por la celebración del Día del Trabajo, las calles estaban llenas de gente, disfrutando del descanso y del buen tiempo, con ropa ligera y manga corta. Nos extrañó ver en los actos oficiales a las autoridades y jefes del Partido cubiertos con abrigos y sombreros. Al día siguiente la prensa informó que la central nuclear de Chernobil había sufrido una pequeña avería que estaba bajo control. Tuvieron que pasar muchos años para que conociéramos que esos días habíamos estado expuestos a una radiación diez mil veces más alta de la habitual". Con esas palabras describía Sinila Sofía el comienzo del accidente nuclear más grave de toda la historia, en la charla que impartió recientemente en la Diputación Provincial de Córdoba. Ella es cirujana profesora de medicina en la Universidad de Minsk y actuó como liquidadora de la central nuclear de Chernobil, una tragedia sobre la que aún desconocemos muchos detalles pero que ha causado más de 300.000 muertos y ha afectado por radiación a más de siete millones de personas en distintos países europeos. Hace poco más de un año, el accidente en la central de Fukushima en Japón volvió a poner de actualidad los enormes riesgos de la energía nuclear, aunque durante estas décadas no han dejado de sucederse los accidentes y averías con consecuencias menos desastrosas aunque no siempre conocidas. Porque, si hay una constante en todos los países en relación con la producción energética nuclear, es precisamente la opacidad en la información, la ocultación y la mentira. Eso explica que el Gobierno español haya justificado la prórroga de la central de Garoña como una medida de aprovechamiento de las fuentes energéticas propias en momentos económicos de austeridad, en lugar de reconocer que nuestro país tiene una sobrecapacidad eléctrica que obliga frecuentemente a interrumpir la actividad de las plantas aerogeneradoras de energía; que obvien el liderazgo español en producción eléctrica de fuentes limpias para seguir importando del exterior el uranio y la tecnología de las centrales nucleares. El ministro Soria ha querido convencernos de que, gracias a la energía nuclear, no será necesario subir más la factura de la luz cuando, en realidad, se trata de asegurar a las dos empresas propietarias (Iberdrola y Endesa) que puedan seguir vendiendo el kilovatio de electricidad casi ocho veces más caro que lo que les cuesta producirlo, porque la instalación está ya ampliamente amortizada.
La central burgalesa de Garoña tiene un diseño similar a la de Fukushima y es la más antigua de España. Tendría que haberse cerrado ya a los 40 años, pero la tibieza condescendiente del anterior gobierno socialista y el decidido apoyo del PP a los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a las energías renovables, la mantendrán en funcionamiento hasta el 2019. Países de nuestro entorno como Alemania, Italia, Bélgica y Suiza han emprendido la dirección contraria y, desde el accidente japonés, han paralizado sus planes nucleares. El Reino Unido tiene dificultades para conseguir empresas privadas que quieran construir nuevos reactores y el nuevo gobierno francés someterá a seria revisión la política nuclear. En cambio, en nuestro país mantenemos en funcionamiento los 8 reactores nucleares sin un plan definitivo para proceder a su cierre.
Estudios técnicos solventes demuestran que España podría llevar a cabo una clausura escalonada de las centrales nucleares desde ahora hasta el año 2020 y abastecernos a partir de entonces con otras fuentes de energía más seguras y limpias, reforzando al tiempo los planes de eficiencia y generando un buen número de puestos de trabajo. Podríamos prescindir absolutamente de la energía nuclear pero el control de la generación y distribución eléctrica está en manos de grandes corporaciones que actúan con criterios exclusivos de rentabilidad económica por encima de cualquier consideración ambiental y social.
La experiencia ya nos ha demostrado suficientemente que no es improbable la posibilidad de un accidente que afecte a muchos millones de personas. Pero, incluso sin que ello ocurra, todo el ciclo de la energía nuclear está produciendo contaminación radiactiva peligrosa. Tanto en la extracción y procesamiento del uranio como en las emisiones al agua y al aire de las centrales nucleares y en los residuos que genera su actividad, se emiten radiaciones dañinas para la salud humana y del resto de seres vivos.
Japón era, tras Francia y Estados Unidos, el tercer país más nuclearizado del mundo. Después del accidente de Fukushima, han ido cerrando sus 54 reactores nucleares y, pasado un año, el país sigue funcionando sin energía nuclear. Hace tan solo unos días, Naoto Kan, que era el primer ministro japonés cuando se produjo la catástrofe de Fukushima, ha declarado públicamente que, con la información que ahora conoce, es firme partidario de cerrar las centrales nucleares y ha reconocido su gran equivocación en las ideas y confianza en la energía nuclear. Por el contrario, el Gobierno español carece de sensibilidad, valentía y voluntad política para liberarnos del peligro de una tecnología sucia, cara y nociva como la nuclear. O la presión ciudadana les fuerza a ello o corremos el riesgo de que, cuando tomen la decisión, ya sea demasiado tarde.
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