Antes del 11 de marzo de 2011, la vida de las amas de casa japonesas era sencilla. Obedeciendo a creencias ancladas, se limitaban a comprar productos locales y evitaban los importados de China, para estar completamente seguras de no intoxicar a su progenie. Sin embargo, el accidente nuclear de Fukushima alteró los hábitos en este país apegado a la calidad de su arroz, su pescado y sus verduras y obsesionado con la seguridad alimentaria.
La fusión de combustible nuclear en tres reactores de la central de Fukushima Daiichi, devastada por el tsunami, dispersó partículas de cesio y otros elementos radiactivos en el aire y las aguas de la zona. Esas partículas se fijaron en los cultivos o fueron absorbidas por los animales y los peces. Cuando a su vez estos son tragados por un predador o mueren por otra razón, la radiactividad se mantiene. Y la contaminación se perpetúa en el conjunto de la cadena alimentaria.
Esto significó que las mercancías procedentes del noreste del archipiélago, donde se encuentra la central nuclear, quedaron excluidas de las compras cotidianas. Las otras son miradas con lupa. Pese a los controles y las garantías de los productores y de las autoridades, muchos japoneses desconfían de la contaminación radiactiva, de la que nadie conoce el alcance exacto, ya que es imposible controlar todos los alimentos ofrecidos en el mercado.
Ante esta situación, algunos no dudan en desembolsar miles de yenes (decenas de dólares) al salir del supermercado para medir la radiactividad de su cesta de la compra, un servicio que ofrecen algunas administraciones locales. Ciertas empresas privadas, como Bekumiru (que significa "ver los becquereles") proponen en libre servicio aparatos de medición de la radiactividad. En Kashiwa, una ciudad de los alrededores de Tokio situada a 200 km de la central y en la que se detectó una radiactividad anómala en ciertos puntos, los locales de esa empresa siempre están llenos y el teléfono no para de sonar. "La gente que vive aquí está especialmente inquieta", corrobora el director, Motohiro Takamatsu.
Las pruebas se hacen con cita previa. Los empleados tienen un mes de clases intensivas con expertos. "Los clientes vienen con verduras, un bol de arroz, agua o cualquier otro alimento. Ellos mismos hacen las mediciones, y les tranquiliza", cuenta Takamatsu. Basta colocar una muestra en un recipiente que luego se introduce en un aparato dotado de un captor y pulsar el botón "iniciar" de un instrumento parecido a una caja registradora. Veinte minutos más tarde, se muestra el resultado. Al lado de cada máquina, un documento indica los límites legales de becquereles por kilogramo para las verduras, los condimentos y demás alimentos corrientes.
"Mucha gente viene con arroz, pero también con agua o tierra", precisa Takamatsu.
Las máquinas han sido seleccionadas en base a criterios de fiabilidad y simplicidad de empleo. "Incluso un niño podría usarlas", presume el director de Bekumiru.
"Cultivo verduras en el patio de la escuela infantil, y como los niños podrían comérselas, vengo aquí regularmente para tranquilizar a los padres, que obviamente están inquietos", cuenta Ryotaka Iwasaki, quien efectúa su segunda visita. "Si no existiera este lugar estaría en apuros, ya que costaría muy caro confiar las pruebas a un organismo especializado".
"He venido a medir el arroz que cultivo. Después de las pruebas ha sido autorizado para la venta, pero prefiero verificarlo yo misma, para estar segura", confía la sexagenaria Mitsue Suzuki.
Bekumiru propone también en alquiler dosímetros que la gente puede emplear para medir la radiactividad en su jardín.
Con la esperanza de recuperar la confianza, un importante grupo japonés de gran distribución, Aeon, efectúa sus propios exámenes sobre la comida que vende. Según su director general adjunto, Yasuhide Chikazawa, la fijación de un "nivel a modo de umbral de seguridad" por parte de las autoridades no tiene sentido para los consumidores. "Sólo los productos que presentan una radiactividad muy débil, hasta el punto de ser indetectable, podrán rivalizar con sus homólogos extranjeros", afirma el directivo. La política de "tolerancia cero" de Aeon chocó de entrada con la oposición de los productores de las zonas contaminadas, explica Chikazawa. "Pero finalmente se han dado cuenta de que era la mejor manera de protegerlos", afirma.
Inmediatamente después del accidente nuclear de Fukushima, los límites legales de cesio radiactivo en los alimentos fueron elevados provisionalmente a 500 becquereles por kilogramo, tal y como estipulan las normas internacionales de emergencia. Así, productos que antes habrían sido descartados fueron temporalmente autorizados para la venta. El dispositivo excepcional fue levantado el 1º de abril. Desde entonces, el límite legal ha vuelto a su nivel anterior (100 becquereles de cesio radiactivo por kilogramo para los productos generales, 10 becquereles para un litro de agua y 50 para los alimentos destinados a niños pequeños). Pero la elevación temporal de los límites legales, entre tanto, alimentó la sospecha de que el gobierno se preocupaba más por los productores que por los consumidores.
Varios incidentes atizaron la desconfianza generalizada. Numerosos productos procedentes de la prefectura de Fukushima que presentaban niveles de radiactividad superiores a ese límite provisional fueron prohibidos para la venta. En particular se trataba de carne bovina, leche, champiñones, pescado y algunas verduras. Sin embargo, el arroz de la región, una de las principales productoras del país, fue en un primer momento declarado apto. Más adelante, los exámenes complementarios revelaron una contaminación excesiva en numerosos lotes, que finalmente fueron retirados del mercado.
La reducción desde el 1º de abril del nivel admisible vuelve además invendibles los cargamentos previamente autorizados, lo que obliga a las autoridades a comprar toneladas de arroz para destruirlas y evitar la ruina de los cultivadores. Los casos de fraude (en los que se cambió intencionadamente el origen indicado en los paquetes procedentes de Fukushima) amplificaron la desconfianza. El resultado ha sido que los consumidores se han alejado en su mayoría de los alimentos de los alrededores de la región contaminada. Sólo las personas mayores siguen comprando frutas y verduras cultivadas en Fukushima, por solidaridad con los campesinos y porque muchas consideran que a su edad ya apenas corren riesgos.
La reciente detección de zonas de fuerte radiactividad en varias ciudades de Japón crea otro tipo de pavor difícil de contener. En ciertos lugares, no obstante a decenas de kilómetros de la central siniestrada, la radiactividad alcanza varios microsieverts o decenas de microsieverts por hora, frente a menos de 0,20 en circunstancias normales. "El viento y la lluvia han transportado los elementos radiactivos. Esto depende de los lugares donde se hayan producido precipitaciones. Hay lugares relativamente cercanos que se han visto a salvo y otros que han resultado contaminados, pese a estar muy distantes de la central", explica el profesor Tatsuhiko Kodama, especialista de los efectos de la radiactividad.
Aunque las mediciones terrestres y aéreas efectuadas por las autoridades muestran las grandes zonas de contaminación, no revelan los "puntos calientes" muy localizados, en general detectados por particulares. Cada vez hay más japoneses que se dotan de dosímetros (como contadores Geiger), gracias al desarrollo de los modelos simples a bajo precio.
En cuanto a las exportaciones de alimentos japoneses, antaño muy apreciados por los consumidores de los países vecinos por su calidad y su alto nivel de seguridad, cayeron un 7,4% en 2011 respecto a 2010. Seis países seguían bloqueando a fines de marzo las importaciones de verdura procedente del norte y el este de Japón. Entre ellos, China.
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